(Foto: Cedida.)

Recientemente hemos conocido que el plazo de escolarización para la Formación Profesional correspondiente al curso 2026/2027 permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio. Según los datos difundidos por la Junta de Andalucía, la provincia de Córdoba contará con una oferta de 19.950 plazas, incorporando 250 nuevas plazas presenciales y 1.515 plazas adicionales en modalidad virtual. 

Sin embargo, detrás de estos anuncios existe una cuestión fundamental que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no está aclarando con suficiente transparencia. La Junta informa sobre el número global de plazas y la oferta de ciclos formativos, pero no ofrece un desglose detallado que permita conocer cuántas de esas nuevas plazas corresponden a centros públicos, concertados o privados. 

Esta falta de información resulta especialmente relevante si observamos la evolución de la Formación Profesional en Andalucía durante los últimos años. Los datos disponibles muestran un crecimiento mucho más intenso de la oferta privada que de la pública, una tendencia que genera preocupación en sectores de la comunidad educativa. 

El pasado curso 2025/2026 la Junta autorizó 9.450 nuevas plazas en centros privados frente a solo 2.588 en la red pública, sin incorporar nuevas plazas concertadas en esa convocatoria. Estas cifras reflejan una realidad difícil de ignorar: la expansión de la FP privada se está produciendo a un ritmo muy superior al de la enseñanza pública. 

Esta situación es especialmente visible en aquellos ciclos con mayor demanda y mejores perspectivas laborales. Titulaciones relacionadas con Sanidad, Informática, Actividades Deportivas, Emergencias Sanitarias, Laboratorio Clínico, Administración, Educación Infantil o Servicios Socioculturales están experimentando una importante expansión en centros privados. 

No se trata de una cuestión menor. Cada año miles de estudiantes solicitan plaza en ciclos públicos muy demandados y se encuentran con listas de espera o con una oferta insuficiente para atender la demanda existente. Cuando esto ocurre, la alternativa para muchas familias pasa por acudir a centros privados, donde los costes pueden oscilar entre los 4.000 y los 6.000 euros por curso y año, con mensualidades que en algunos casos alcanzan varios cientos de euros. 
 

La pregunta es inevitable: ¿debe depender el acceso a una formación con alta empleabilidad de la capacidad económica de cada familia? 

Mientras la demanda continúa creciendo, una parte importante de las nuevas autorizaciones se concentra en centros privados. Esto provoca que quienes pueden asumir esos costes tengan más oportunidades de acceder a las titulaciones más demandadas y con mayor proyección laboral, mientras que quienes carecen de esos recursos ven limitadas y/o anuladas sus opciones formativas y laborales. 

Estamos, por tanto, ante una brecha educativa que corre el riesgo de convertirse también en una brecha social y económica. 

En la provincia de Córdoba esta situación resulta especialmente visible entre las familias que buscan acceder a ciclos sanitarios, tecnológicos o vinculados a sectores con elevados índices de inserción laboral. Aunque para el curso 2026/2027 la oferta total ha aumentado hasta alcanzar casi 20.000 plazas de nuevo ingreso, el debate no debe centrarse únicamente en la cifra global. 

La cuestión de fondo es otra: ¿dónde se están creando las nuevas plazas? 

Los sindicatos educativos, vienen denunciando que una parte importante del incremento de la demanda está siendo absorbida por centros privados, mientras determinados ciclos públicos continúan registrando listas de espera debido en gran medida a la infrafinanciación (recursos materiales y humanos) del Gobierno del PP del Sr. Moreno Bonilla que no cree en lo público. A ello se suma otro factor relevante: el control de los convenios de prácticas. Si las empresas privadas concentran una parte significativa de estos acuerdos, la capacidad futura de expansión de la oferta pública podría verse seriamente limitada. 

En los últimos años, diversos grupos privados de Formación Profesional han ampliado notablemente su presencia en Andalucía. Entre ellos destacan CESUR, CITED, Davante MEDAC o EUFP, especialmente en sectores con alta demanda y elevada empleabilidad. En particular, CESUR se ha consolidado como uno de los grupos con mayor expansión en la comunidad y con una presencia creciente en la provincia de Córdoba. 

Esta realidad plantea una cuestión que merece un debate público profundo: ¿estamos fortaleciendo la Formación Profesional pública o avanzamos hacia un modelo en el que las oportunidades educativas dependen cada vez más de la capacidad económica de las familias? 

El problema no radica en que la Formación Profesional privada crezca. La coexistencia de distintas ofertas educativas puede resultar positiva. El verdadero problema aparece cuando ese crecimiento es proporcionalmente mucho mayor que el de la red pública y cuando los ciclos con mejores perspectivas laborales se adjudican o concentran progresivamente en manos privadas. A ello se suma la insuficiencia de recursos humanos y materiales que sindicatos, profesorado y comunidades educativas vienen denunciando desde hace años en la enseñanza pública. 

La educación y la Formación Profesional deben actuar como herramientas de igualdad y ascenso social, no como mecanismos que reproduzcan las diferencias económicas existentes. Por ello, no basta con que la Junta de Andalucía publique los datos globales de plazas ofertadas; se trata de reforzar decididamente la red pública de FP. 

Porque cuando el acceso a la formación no puede depender del nivel de renta de las familias, así la igualdad de oportunidades se debilita cuando no, desaparece. Y cuando eso ocurre, la educación pública pierde una de sus funciones esenciales: asegurar que el futuro académico y profesional de una persona dependa de su esfuerzo y capacidad, y no de los recursos económicos de su familia. 

Defender la Formación Profesional pública es, en definitiva, defender la igualdad de oportunidades.