La CNMC será la encargada de vigilar los márgenes brutos de todas las estaciones de carburantes (Foto: Priego Digital.)

Las gasolineras que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios serán identificadas en una lista pública con el objetivo de que los consumidores puedan reclamar. La medida forma parte de la reforma del Real Decreto-ley 7/2026, que endurece el control sobre el mercado de carburantes y refuerza los derechos de los usuarios.

La reforma, ya en vigor, incluye medidas impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para detectar posibles comportamientos anómalos en estaciones de servicio, especialmente subidas del precio de los carburantes que no respondan a un incremento real de los costes.

Vigilancia de los márgenes
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de vigilar los márgenes brutos de todas las estaciones de carburantes. Cuando detecte posibles anomalías injustificadas, los nombres de esas gasolineras podrán incorporarse a una lista pública habilitada en la web del organismo.

Según Consumo, esta lista permitirá identificar a las estaciones que hayan podido aumentar sus beneficios aprovechándose de las ayudas del Gobierno destinadas a que el consumidor pague menos por cada litro de hidrocarburo.

La medida tiene un doble objetivo: actuar como mecanismo disuasorio ante posibles abusos y servir como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones ante el titular o gestor de la estación, o ante las autoridades competentes en materia de consumo.

Más obligaciones para las estaciones
La reforma introduce nuevas obligaciones para las gasolineras. Entre ellas, deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito, tanto en el propio establecimiento como en su página web. Este canal tendrá que mantenerse disponible hasta tres meses después de que la estación salga de la lista pública.

Además, se introduce el principio de responsabilidad compartida. Si el precio final ha sido fijado por un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y los datos de contacto del distribuidor mayorista, para que pueda dirigir contra él su reclamación económica.

En caso de que la empresa rechace la reclamación del consumidor, estará obligada a informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicar cómo acceder a ellas y facilitar los datos de los organismos competentes.

Información de costes hasta final de año
Otra de las novedades es la ampliación de las obligaciones de información. Hasta ahora, el artículo 28 original del Real Decreto-ley 7/2026 obligaba a reportar datos únicamente a los operadores con capacidad de refino en España. Con la reforma, todos los operadores al por mayor deberán desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, y el incumplimiento de este deber será considerado infracción grave.

La CNMC podrá comprobar así en qué estaciones se producen incrementos de precios que no estén justificados por una subida de sus costes reales, reforzando la trazabilidad en el mercado de carburantes.

Rebajas fiscales en los carburantes
La medida se enmarca en el nuevo paquete aprobado por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio. Según el Ministerio de Hacienda, el Real Decreto-ley introduce una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos durante los meses de julio, agosto y septiembre, de 15, 10 y 5 céntimos por litro, respectivamente, en gasolina sin plomo y gasóleo.

El objetivo de esta rebaja fiscal es aliviar el precio final que pagan los consumidores y sectores afectados por el encarecimiento de los carburantes. El control ahora anunciado busca evitar que esa ayuda pública quede absorbida por incrementos injustificados de márgenes en la cadena de distribución.

Defensa de los consumidores
Con este nuevo mecanismo, los usuarios tendrán una herramienta adicional para conocer si una estación de servicio ha sido señalada por posible comportamiento anómalo y podrán utilizar esa información para reclamar.

La reforma refuerza así el control sobre el mercado de carburantes en un contexto de tensión en los precios energéticos y pretende garantizar que las ayudas públicas lleguen realmente al consumidor final.