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El pasado mes de enero la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo internacional y supranacional creado en 1945 tras la II Guerra Mundial, volvió a requerir a España la prohibición de menores en espectáculos taurinos con el propósito de proteger a la infancia frente a la violencia. Esta advertencia no es nueva, ya en el año 2018 la misma organización instó al Gobierno Español a no permitir la entrada de niños y niñas en plazas de toros para contemplar un espectáculo atroz.

Desde entonces nada se ha hecho al respecto, y sorprende que haya sido el Partido Socialista Obrero Español el que haya dejado pasar casi ocho años para encontrarnos de nuevo en el punto de partida respecto a este tema, que por otra parte no es nada baladí. Aunque el PSOE se creó por su fundador, Pablo Iglesias, como un partido antitaurino y con ciertos postulados ecologistas, lo cierto es que el miedo a perder parte de su electorado lo coloca en una especie de ataraxia de la que prefiere no moverse cuando se le pregunta por este tema. Algunos de sus barones más reconocidos han sido y son grandes aficionados a las corridas de toros. La última «traición» a esta imperturbabilidad manifiesta desde el inicio de la democracia con respecto a la tauromaquia, se ha llevado a cabo con la ILP «No es mi cultura», iniciada por AnimaNaturalis y secundada por otras asociaciones y partidos animalistas, hasta llegar a conseguir más de 715.000 firmas por toda España, la más numerosa de todas las ILPs desde el año 1975. El objetivo de esta iniciativa popular era desblindar a la tauromaquia de su condición de Patrimonio Cultural Inmaterial que el ejecutivo del PP de Mariano Rajoy había declarado con la Ley 18/2013.

En 2025, contra todo pronóstico y ante unas reuniones esperanzadoras con altos cargos socialistas, la abstención del PSOE impidió en un último momento que esta ILP llegara al Congreso para ser debatida. Al preguntarle al presidente, Pedro Sánchez, por el rechazo de su partido a llevar a la cámara baja la ILP «No es mi cultura», no quiso dedicarle mucho tiempo, diciendo simplemente que la tauromaquia era un problema aún no resuelto dentro del PSOE.

Y así llegamos a 2026, donde la ONU de nuevo, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), establece que presenciar la tortura hasta la muerte de un animal no protege la salud, educación e integridad de los menores de 18 años. Se hace hincapié en la necesidad de proteger a la infancia de estos espectáculos sangrientos por cuanto repercuten de manera negativa en el desarrollo personal y cognitivo de personas imberbes. Después de ocho años, una parte del gobierno de coalición pareció tomarse en serio el requerimiento de la ONU, ya que como país firmante en la Carta de esta Organización, España debe cumplir con las normas y obligaciones internacionales aplicando las decisiones emanadas de sus organismos, que además son vinculantes. Desde entonces seguimos esperando.

¿Por qué ante esta medida todo el mundo taurino se echó las manos a la cabeza? Porque si se prohíbe la entrada de menores en las plazas de toros se termina la tasa de reposición del aficionado. Una persona de 18 años que no haya sido educada en la normalización de la tortura animal, con esa edad lo más probable es que rechace asistir a dichos espectáculos; no soportaría verlos. Por eso es tan importante el control del relato con el adoctrinamiento de l@s niñ@s en esas prácticas de violencia contra un ser vivo desde la más tierna infancia. Cada ser humano, en concreto nuestra humanidad, más allá de la biología que es la que es, se forma en contextos de un ámbito familiar, político, económico y social. Somos construcciones culturales que podemos ir modificando a medida que crecemos, sobre todo a través de la adquisición de conocimientos. El problema de esas construcciones culturales es que muchas veces las tradiciones inoculadas desde pequeñ@s, aprendidas y reproducidas en la edad adulta, contravienen valores universales de la ética y de la moral.

En respuesta a esta medida de prohibir la entrada a los menores a las plazas de toros, una corriente de aficionad@s ondea desde entonces, en redes sociales, tertulias de bar o reuniones familiares, la bandera del atentado contra la libertad y contra los valores tradicionales que los padres les quieren trasmitir a sus hijos. Algun@s padres y madres manifiestan, indignad@s: «nadie puede prohibirme que le enseñe a mis hijos la tradición nacional», sin sospechar que mientras hacen esta declaración en nombre de la libertad se adentran en una aporía de muy difícil resolución. El deseo de educar a un hijo en libertad contraviene la idea de trasmitirle inclinación por tradiciones sin tener edad siquiera para cuestionarlas. Durante la infancia somos esponjas que absorbemos todo lo que a nuestro alrededor va aconteciendo, desarrollando en función de ello nuestras personalidades en la edad adulta. Adquirimos querencia por el estudio según la importancia que en nuestro entorno se le haya dado, expresamos amor a la música o a la naturaleza en base a la importancia y a la forma que en nuestras familias las hayan concebido; nuestro gusto por la comida depende de quién nos haya cocinado, al igual que las creencias religiosas vienen condicionadas por la práctica espiritual de nuestros padres o tutores. Reproducimos lo que hemos visto hacer y lo aceptamos como algo consustancial a nuestra esencia como individuos sin cuestionarnos nada de ello, salvo en contadas ocasiones, y esto suele ser cuando se amplía el horizonte en el que hemos crecido a partir de análisis más complejos que pongan en cuestión lo aprendido.

Educar en libertad sería prescindir de costumbres que se han perpetuado de una generación a otra sin haberlas cuestionado jamás. Cuando alguien dice esto lo hacemos porque se ha hecho siempre, está desdeñando la capacidad que tiene el ser humano de innovar para poder avanzar. Entre las muchas razones que l@s taurin@s aducen para mantener la tortura animal está la de que hay que respetar el gusto de cada cual, como si en vez de decidir sobre la vida de un ser vivo se estuviese hablando de la posibilidad de poder elegir vestirse de rosa en vez de amarillo o de poder asistir a un concierto de zarzuela en lugar de a uno de Rosendo. Como si todo fuese equiparable y digno de ser autorizado. Quienes dicen eso ignoran que, precisamente por no ser todo respetable, tenemos valores universales que se pueden exportar a cualquier tipo de sociedad que haya sobre la Tierra.

Ya en el siglo V a.C. Sócrates, Platón y Aristóteles erigieron una ética universal aplicable a todo el mundo, y no en función del relativismo presocrático. Estos pensadores rechazaron, entre otras cosas, la justificación de la acción individual en función de su apetencia personal si esta repercutía de manera negativa en otros seres humanos, incluso sobre los animales. Platón y Aristóteles reconocieron en su día la degradación del carácter y la virtud cuando se ejerce la violencia sobre un animal. Sin los clásicos y, más tarde, el pensamiento de la Ilustración, no se habrían implantado valores universales como los derechos humanos, la defensa del medio ambiente o la conservación de las obras de arte. Sin estos universales no existirían las Constituciones, el Estado del bienestar o la misma ONU con su defensa de la infancia. Tampoco existirían las escuelas en las que se imparten diferentes asignaturas de acuerdo a un temario establecido, y tampoco habría en ellas educación en valores como la paz, el feminismo o el respeto a la naturaleza. Si cada padre o madre estableciese para la educación de sus hijos el relativismo de su criterio, esto sería una entropía cada vez más confusa sin llegar a ningún acuerdo posible. Por eso, lo que más se acerca a la libertad es que la educación sea universal y gratuita, para que todos y todas adquieran conocimientos en igualdad de condiciones sin depender de las circunstancias de sus cuidadores. Por eso está prohibido que l@s niñ@s compren tabaco o alcohol, al igual que los Servicios Sociales se pueden hacer cargo de l@s menores cuando se detectan anomalías en las condiciones de ese cuidado. Los valores universales protegen a l@s menores al mismo tiempo que se encargan de formar a personas sanas y útiles para la sociedad.

Someter a un@ niñ@ a la visualización de un acto salvaje contra un ser vivo disminuye la capacidad en su desarrollo cognitivo a la hora de emitir juicios morales ante episodios de violencia, minimizando el daño ocasionado contra otr@s, sean humanos o animales. Se ha detectado que los niños que han vivido violencia de género en casa suelen reproducir de mayores esos actos violentos hacia las mujeres, al igual que quienes han normalizado el maltrato animal tienen mayor propensión a emplearse con violencia ante problemas cotidianos de la vida. Se habla desde la psiquiatría de la incidencia en la exposición de l@s menores a la tortura animal con posibles desarrollos de traumas que en la edad adulta se pueden traducir en ansiedad, insomnio o depresión. La inseguridad y el miedo también pueden derivar de la contemplación de esos espectáculos con sangre. La cognición infantil detecta el sufrimiento y la indefensión de un ser vivo acorralado en un recinto cerrado, lo que se ha traducido también en el desarrollo de algunas agorafobias o situaciones de pánico en recintos cerrados. Sobre estas situaciones postraumáticas en jóvenes y adolescentes ya advirtió también en 2015 Amnistía Internacional, alertando de los efectos que los festejos taurinos provocaban en la infancia y su desarrollo humano posterior.

Contra toda esta evidencia científica, ética y universal, partidos políticos como PP y VOX siguen defendiendo a toda costa la tauromaquia como esencia nacional española en la era digital del siglo XXI. Incluso entre fuerzas opuestas, en algún municipio gobernado por IU como Carcabuey, para vergüenza de toda la izquierda, se ha aumentado el número de toros sometidos a un nivel de estrés difícil de calificar en lo que se conoce como toro de cuerda.

A pesar de las inyecciones continuas de dinero público a los eventos taurinos, la afición no deja de caer año tras año, dejando plazas vacías excepto las de primera categoría. A veces, para llenar plazas secundarias, aparte de regar de dinero a la ganadería y empresa organizadora, los ayuntamientos, preferentemente gobernados por fuerzas políticas de derechas, se dedican a regalar entradas en un intento de demostrar que sigue habiendo demanda de matanza de toros. Mientras tanto, peñas taurinas organizan viajes que llevan y traen a la misma gente durante las ferias de verano por plazas cercanas, siendo siempre el mismo conjunto de personas el que asiste a las corridas de toros en una misma comarca. El Gobierno andaluz, lejos de hacerse eco de la recomendación de la ONU, aprovechó la semana de la borrasca invernal que se produjo a comienzos de año para elevar del 50% al 80% su aportación a las subvenciones que se asignan a los municipios taurinos andaluces. Es una medida desesperada para intentar seguir manteniendo con respiración asistida a la tauromaquia, de la cual se beneficiará Priego de Córdoba, que recordemos que hace dos años se declaró municipio taurino a propuesta del concejal de VOX, y que secundaron tod@s l@s concejales del PP de Priego en su totalidad. Llegamos a otra aporía que habría que plantear a nuestro gobierno local: ¿cómo se puede ser Municipio amigo de los niños, Municipio amigo de los animales y Municipio taurino, todo a la vez? Probablemente llegaremos a entender antes la dinámica de los agujeros negros que este oxímoron en el que nuestros gobernantes locales nos han metido. ¿Un toro no es un animal?

Y la ONU no solo advierte a España en la defensa de los derechos del niño para salvaguardarlo de la exposición a la violencia; lo hace también con el resto de países en los que todavía persiste esta salvajada. Francia, Portugal, México, Venezuela, Ecuador y Perú han sido requeridos igualmente en ese asunto como firmantes vinculantes de la Carta de la ONU. Esperemos, aunque se está dilatando más de lo deseado, que el valor universal de la no violencia llegue a manifestarse lo antes posible en defensa de la infancia y, por supuesto, de los animales.

Encarnación Cano Montoro, profesora y doctora en Historia