Pancarta de la huelga general del 11 de noviembre. (Foto: PD Studio (imagen generada IA).)

Las organizaciones sindicales y sociales convocantes de la huelga general del miércoles 11 de noviembre han realizado un llamamiento a los trabajadores y a la ciudadanía de Córdoba y provincia para participar en una jornada de paro y movilizaciones en defensa del acceso a la vivienda, unos salarios que permitan afrontar el coste de la vida y unos servicios públicos de calidad.

La convocatoria, de ámbito estatal y con una duración de 24 horas, está respaldada por distintas organizaciones, entre ellas CCOO, UGT, CGT, CNT y el movimiento sindical de inquilinos, mientras que en Córdoba también participan colectivos como Stop Desahucios, USTEA, CTA y SAD, según el comunicado difundido este martes.

Los convocantes consideran que el encarecimiento de la vivienda, la evolución de los salarios y las dificultades de acceso a determinados servicios públicos están perjudicando las condiciones de vida de numerosos hogares.

La huelga comenzará a las 00:00 horas del miércoles 11 de noviembre y se prolongará durante toda la jornada, aunque en los centros de trabajo organizados por turnos se aplicarán las condiciones específicas recogidas en las convocatorias.

La vivienda, una de las principales reivindicaciones
El acceso a una vivienda asequible constituye uno de los ejes de la movilización.

Las organizaciones denuncian que los precios de compra y alquiler han aumentado por encima de los salarios, dificultando especialmente la emancipación de los jóvenes y la estabilidad económica de las familias con menores ingresos.

Según los datos recogidos en su comunicado, el precio de la vivienda ha aumentado más de un 12% durante el último año, mientras que los salarios han registrado incrementos próximos al 3%.

También sostienen que cuatro de cada diez hogares destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, una cifra cuya fuente estadística y ámbito de referencia no se concretan en la información facilitada.

Los convocantes reclaman que el gasto en vivienda no supere el 30% del salario medio de cada territorio y proponen una regulación más estricta del mercado del alquiler.

Entre sus demandas figuran contratos de arrendamiento indefinidos, medidas frente a los incrementos abusivos de precios y la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional adecuada.

También solicitan ampliar el parque de vivienda pública a precios asequibles, introducir una fiscalidad progresiva para los grandes propietarios y limitar la expansión de los alojamientos turísticos en zonas residenciales.

Mejores salarios y una jornada laboral de 30 horas
Las reivindicaciones laborales ocupan otro lugar destacado en la convocatoria.

Los sindicatos consideran que disponer de un empleo no garantiza actualmente ingresos suficientes para afrontar los gastos básicos, especialmente cuando una parte elevada del salario se destina a la vivienda.

Por ello, reclaman incrementos salariales y de las pensiones, medidas contra la precariedad y la temporalidad y una reducción de la contratación parcial involuntaria.

Entre sus propuestas figura establecer una jornada laboral de 30 horas semanales sin reducción salarial, con el objetivo de mejorar la conciliación y favorecer un reparto más equilibrado del tiempo de trabajo.

Las organizaciones consideran que estas medidas deben acompañarse de políticas que faciliten unas condiciones laborales estables y una mayor protección de los trabajadores.

Sanidad, educación y dependencia
La defensa de los servicios públicos constituye el tercer eje principal de la jornada.

Los convocantes denuncian un deterioro de la sanidad y la educación públicas en Andalucía, que atribuyen, entre otros factores, a la externalización de servicios y a la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

En el ámbito sanitario, reclaman reforzar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los profesionales para reducir las dificultades de atención a los pacientes.

En educación, solicitan aumentar la inversión en los centros públicos, reducir el número de alumnos por aula, mejorar las instalaciones y disponer de personal suficiente para atender las necesidades del alumnado.

También demandan mayores recursos para la atención a la dependencia, los servicios sociales y las universidades públicas.

Estas reivindicaciones afectan al conjunto de Andalucía, incluidos municipios como Priego de Córdoba y el resto de la Subbética, aunque el comunicado no recoge peticiones específicas para instalaciones o servicios de la comarca.

Una convocatoria que afecta al conjunto de los sectores laborales
La huelga del 11 de noviembre ha sido convocada para trabajadores de empresas privadas y empleados públicos, con las particularidades establecidas en la normativa laboral y administrativa.

La Junta de Andalucía ha publicado distintas disposiciones para garantizar los servicios esenciales durante la jornada, entre ellos los relacionados con la asistencia sanitaria y otras actividades públicas.

Por tanto, la participación en la huelga deberá compatibilizarse con los servicios mínimos establecidos para los sectores afectados.

En Córdoba, CCOO y UGT ya habían celebrado encuentros preparatorios durante las últimas semanas, tanto en la capital como en localidades de la provincia.

Entre ellos figura una asamblea de delegados celebrada en Lucena el pasado 22 de octubre, en la que se abordaron las reivindicaciones relacionadas con los salarios, la vivienda, las pensiones y los servicios públicos.

Los convocantes reclaman respuestas de todas las administraciones
Las organizaciones promotoras sostienen que las medidas necesarias para afrontar estos problemas deben ser asumidas por las diferentes administraciones públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Las reivindicaciones se dirigen tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía y a las administraciones locales, especialmente en materias como vivienda, empleo, sanidad, educación y servicios sociales.

Los sindicatos consideran que la jornada de huelga debe servir también para abrir un proceso de movilización y negociación sobre estas cuestiones.